El acoso sexual a niños por internet o «child grooming» sigue creciendo en España, según la Memoria de la Fiscalía de 2020

Los casos de acoso sexual a niños por internet o child grooming siguen creciendo en España. Solo en 2020 experimentaron una subida del 55% con respecto a 2019, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado que ha presentado la fiscal general Dolores Delgado. La cifra es realmente alta, pero es más llamativa si se compara con el año anterior, con 2018. La subida es del 175% en solo dos años.

El child grooming es una práctica delictiva que implica que un adulto contacta con un niño, niña o adolescente (en este caso, a través de redes sociales e internet) con el objetivo de ganarse poco a poco su confianza para luego inducirle u obligarle a participar en una actividad sexual.

Esta puede tener diferentes niveles de interacción y peligro que va desde conversaciones sobre sexo a conseguir material íntimo del menor e incluso llegar a mantener un encuentro sexual. Viene recogido en el artículo 183 ter. de nuestro Código Penal.

La ONG Save The Children realizó una encuesta en 2019 con casi 400 jóvenes de entre 18 y 20 años de toda España. El objetivo era analizar si durante su infancia y adolescencia les había afectado alguno de los tipos de violencia online. Uno de cada cinco de los encuestados había sufrido child grooming y el 15% en más de una ocasión. De media, la primera vez que sufrieron esta violencia fue con 15 años.

El child grooming, una realidad que a veces queda oculta

La Fiscalía General del Estado ve «preocupante» la evolución de los delitos online. En especial, los que afectan a los menores y que suponen el 8,5% del total. Los procedimientos por delitos contra la libertad sexual en internet han crecido un 18,45% con respecto a 2019 pero en el caso concreto del child grooming ese incremento es del 55% en solo un año.

Es abuso sexual contra los menores

Otro de los aspectos llamativos que recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado y que contribuye a que los delitos de child grooming se vean camuflados es que, con mucha frecuencia, este tipo de abuso sexual tiene como objetivo conseguir material pornográfico. Para la Fiscalía:

«Resulta especialmente preocupante la reiteración con la que se están detectando en nuestro país actos de elaboración de pornografía infantil a partir de contactos directos por vía electrónica en los que el agresor invita al o a la menor a mostrarse desnudo/a y en posiciones sexualmente explícitas o, incluso, le incita a realizar actos sobre su propio cuerpo –como introducción de objetos por vía anal o vaginal–».

Y esto, insisten los fiscales, constituye un delito de abuso sexual. Pero las denuncias por este delito no crecen. En muchas ocasiones, explica la Fiscalía, los propios menores ni tan siquiera son conscientes de la agresión sufrida (debido en ocasiones a su muy corta edad). Además son prácticas clandestinas que pueden no salir a la luz.

El acoso sexual infantil sigue siendo un tabú, y muchos abusadores aprovechan internet y el miedo de los menores para evitar la justicia. Es más, lo habitual es que las investigaciones se inicien cuando algún ciudadano detecta material pornográfico en la red o por comunicaciones entre cuerpos policiales de otros países.

Se necesitan recursos humanos y materiales para investigar los casos de child grooming

Los fiscales se quejan de que no toda la información que se recibe sobre los delitos sexuales online contra menores o child grooming se puede materializar en investigaciones concretas. En muchas ocasiones es por falta de información pero, principalmente, se produce «debido a la carencia de recursos personales y materiales adecuados» para abordar la investigación de este tipo de actividad criminal «en continua expansión».

Y es que son delitos que se planifican y ejecutan a través de sistemas de comunicación muy complejos. Estos están protegidos con sistemas de encriptación «muy difíciles de quebrar». Por eso, la Fiscalía General del Estado reclama «mayor concienciación social» y un «esfuerzo especial» para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la justicia de «mayor formación y mejores medios para reforzar la respuesta ante estos graves comportamientos».

Lo cierto es que, en general, la ciberdelincuencia sigue creciendo en nuestro país con 16.914 procedimientos en 2019, un 28,69% más que el año anterior. Las estafas, con un 45,5% de casos, seguidos de las amenazas y coacciones (12,13%) -entre los que se incluiría el acoso escolar– y la pornografía infantil (8,98%) son los delitos online más numerosos.

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